El Gobierno pondrá en marcha a partir del 1 de junio una ley que obligará a cualquier vivienda susceptible de ser comprada o arrendada a poseer el certificado de eficiencia energética, con información objetiva y realista de su consumo. Para las casas ya existentes, se añadirá unos documentos con instrucciones para la mejora y la optimización energética de las mismas. Además, el Gobierno emitirá un sistema de ayudas para promover las energías renovables en dichos domicilios.
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